Adiós a la refinería de Extremadura
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente acaba de anunciar que la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de refinería en Los Santos de Maimona (Badajoz) será negativa. Con este veto y la declaración de inviabilidad medioambiental del proyecto, concluye una larguísima tramitación, que comenzó en 2005. En los últimos tiempos, tanto Portugal como Andalucía se habían opuesto al proyecto. Hay que recordar que la refinería precisaría un oleoducto que la conectara con el Puerto de Huelva. Algunos estudios habían alertado sobre los peligros y el impacto negativo sobre el Parque Nacional de Doñana.
La tramitación y esta decisión del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente levantaron, y lo siguen haciendo, un gran revuelo político y social en Extremadura. La obra iba a tener una inversión de unos 2.000 millones de euros. En los últimos años, cuestiones políticas y la grave crisis económica hacían pensar que el proyecto no saldría adelante. Ahora y con la Declaración de Impacto Ambiental inviable se da la puntilla a la iniciativa, que algunos definieron como el mega-proyecto que sacaría definitivamente de la crisis a la comunidad autónoma.
Los técnicos del ministerio consideran que la refinería de Tierra de Barros incidiría negativamente en el paisaje y en el patrimonio cultural (la parcela está atravesada por la Vía de la Plata). Además, los riesgos ambientales serían elevados, podrían generarse vertidos de residuos en las inmediaciones de Doñana. Por otra parte, la instalación incumpliría los requisitos de eficiencia energética, por estar ubicada a más de 180 kilómetros de la costa y precisar un oleoducto, que conectaría la comarca extremeña de Tierra de Barros y el Puerto de Huelva.
La Plataforma Refinería No y organizaciones como WWF, SEO BirdLife o Greenpeace ya han mostrado su satisfacción por la decisión del Gobierno. Además, han denunciado presiones, ejercidas por intereses privados y políticos partidarios de la planta, que han logrado retrasar durante tanto tiempo esta declaración de impacto ambiental.
Ahora, el Gobierno de Extremadura dispone de 15 días de plazo para pronunciarse sobre la DIA. Si no lo hace, la declaración se formulará definitivamente.
Vía | El País
Foto | Flickr-Mataparda